- Las infraestructuras críticas de redes sostienen servicios esenciales como energía, agua, transporte, salud y finanzas, y su caída provoca impactos severos.
- La digitalización de ICS, SCADA y entornos OT aumenta eficiencia pero amplifica la superficie de ataque, especialmente con sistemas obsoletos y sin parchear.
- Marcos como NIS2, CER, ENS, PNPIC y NIST IR 8401 obligan a una gestión de riesgos, planes de protección y cooperación público-privada mucho más estrictos.
- La resiliencia exige modernizar tecnología, segmentar redes, mejorar la detección y respuesta a incidentes y consolidar la coordinación entre operadores y autoridades.
En nuestro día a día damos por hecho que habrá luz, agua, Internet, transporte y servicios financieros siempre disponibles. Detrás de esa normalidad hay una compleja malla de infraestructuras críticas de redes que, si fallan, pueden poner patas arriba la economía, la seguridad nacional e incluso la salud pública.
Cuando hablamos de infraestructura crítica de redes no nos referimos solo a cables, servidores o autopistas digitales, sino a todo un ecosistema de sistemas físicos y virtuales, centros de control industrial, organismos públicos, operadores privados y un entramado normativo (NIS2, CER, ENS, PNPIC, NERC CIP, NIST, etc.) que intenta mantener todo esto en pie frente a ciberataques, desastres naturales y errores humanos.
Qué es realmente una infraestructura crítica de redes
El concepto de infraestructura crítica abarca todos aquellos activos, redes, sistemas e instalaciones, físicos o digitales, sin los cuales una sociedad no puede mantener sus funciones básicas: suministro de energía, agua potable, transporte, comunicaciones, servicios financieros, salud, defensa o funcionamiento de la administración.
La Directiva europea 2008/114/CE la define como el elemento, sistema o parte de este cuya perturbación o destrucción afectaría gravemente a funciones sociales vitales, la salud, la seguridad, el bienestar económico o el orden público de un Estado miembro.
En España, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC) concreta esta idea hablando de servicios esenciales, infraestructuras estratégicas e infraestructuras críticas, distinguiendo claramente el servicio que se presta, los sistemas que lo soportan y el subconjunto cuya caída sería inasumible porque no existen alternativas viables.
La clave está en la dependencia: una infraestructura pasa a ser crítica cuando su funcionamiento es indispensable y carece de sustitutos razonables, de forma que cualquier interrupción genera un impacto grave en servicios esenciales, la economía o la seguridad nacional.
Sectores y tipos de infraestructuras críticas
Los sectores considerados críticos son muy similares entre países, aunque cada Estado ajusta el listado según su nivel de desarrollo, recursos y riesgos específicos. En el ámbito europeo y español, podemos agruparlos en grandes bloques.
Por un lado están las infraestructuras ligadas al suministro básico de la población: agua potable y saneamiento, energía (eléctrica, gas, petróleo), alimentación y agricultura, salud y servicios sanitarios, residuos y, cada vez más, servicios ambientales asociados.
Otro conjunto lo forman las infraestructuras de soporte económico y financiero: bancos, sistemas de pago, mercados de valores, redes de compensación, sistemas tributarios y plataformas que permiten que los movimientos de capital funcionen con normalidad.
En un tercer bloque entrarían los sectores de transporte y logística: aeropuertos, puertos, redes ferroviarias, autopistas, transporte urbano, centros intermodales y los sistemas de control de tráfico asociados, de los que dependen tanto las personas como el abastecimiento de mercancías.
Finalmente, tenemos las infraestructuras de información, comunicaciones y gobierno: redes de telecomunicaciones fijas y móviles, Internet, centros de datos, satélites y segmentos terrestres, plataformas TIC de la administración, defensa, servicios de emergencia, cuerpos de seguridad, así como instalaciones institucionales clave.
Clasificación y ejemplos concretos por sectores
Desde el punto de vista operativo, muchos países manejan la idea de infraestructura estratégica como paraguas amplio (todas las instalaciones y sistemas que soportan servicios esenciales) y, dentro de ese conjunto, identifican un subconjunto de infraestructuras críticas cuya pérdida sería catastrófica.
En España, por ejemplo, se consideran áreas estratégicas: sistema financiero y tributario, administración, agua, alimentación, energía, espacio exterior, centrales nucleares, industria química, centros de investigación sensibles, salud, TIC y transportes. Solo una parte de las instalaciones en cada área acaban clasificadas como críticas.
Algunos ejemplos típicos son: grandes centrales y redes eléctricas (cómo medir la caída de voltaje en cables de alimentación largos), refinerías y oleoductos, plantas de gas, embalses y plantas de tratamiento de agua, redes troncales de telecomunicaciones, principales aeropuertos y nodos ferroviarios, grandes hospitales de referencia, cámaras de compensación bancaria y plataformas de pagos mayoristas.
En el ámbito internacional, se considera también como crítica buena parte de la infraestructura satelital y su segmento terrestre: centros de operaciones de misión (MOC), centros de control de carga útil (PCC) y estaciones de seguimiento, debido a su papel en comunicaciones, navegación, defensa y observación de la Tierra.
Un aspecto especialmente delicado es la interdependencia: un fallo en el suministro eléctrico puede arrastrar a telecomunicaciones, agua, transporte, bancos y sanidad. Ese efecto cascada es lo que convierte la protección de infraestructuras críticas de redes en un problema de seguridad nacional.
Por qué la seguridad de las infraestructuras críticas es tan delicada
Hoy casi todas las infraestructuras críticas operan apoyadas en sistemas de control industrial (ICS) y plataformas SCADA, que permiten supervisar y automatizar procesos en plantas eléctricas, redes de agua, oleoductos, fábricas o transportes.
Durante años estos sistemas estaban aislados y utilizaban protocolos propietarios en serie, lo que los hacía relativamente inaccesibles. Sin embargo, la presión por reducir costes, ganar eficiencia y centralizar el control llevó a integrarlos con redes IP corporativas, entornos cloud e incluso acceso remoto de terceros.
Ese salto ha tenido ventajas operativas enormes, pero también ha multiplicado el riesgo: ahora un atacante que logra entrar en la red corporativa puede intentar pivotar hacia entornos OT, ICS y SCADA, comprometiendo directamente la operación de la infraestructura.
Los incidentes ya no son teoría. Casos como el ataque al oleoducto Colonial Pipeline en 2021, que paralizó el principal conducto de combustible de la costa este de Estados Unidos, o los episodios recurrentes de ransomware y malware dirigidos a plantas industriales, muestran que las interrupciones pueden tener consecuencias económicas y sociales inmediatas.
Además, el impacto financiero de una parada no planificada es brutal: informes como los de Gartner cifran el coste medio por minuto de inactividad en sectores como manufactura, petróleo y gas entre miles y decenas de miles de dólares, sin contar daños reputacionales y sanciones regulatorias.
Amenazas, riesgos y vulnerabilidades más habituales
Las amenazas contra infraestructuras críticas se mueven en un abanico muy amplio que va desde el terrorismo físico y los ataques híbridos (combinando acciones cinéticas y ciber) hasta el crimen organizado, el espionaje económico o político y las ciberoperaciones patrocinadas por Estados.
En el plano estrictamente digital, los principales vectores se centran en ransomware, explotación de vulnerabilidades sin parchear, credenciales robadas o débiles, accesos remotos inseguros, fallos de segmentación de red y dispositivos IoT/OT no gestionados o sin control.
A esto se suman las vulnerabilidades del ciberespacio en sentido amplio: infraestructuras expuestas en Internet, falta de autenticación multifactor, ausencia de monitorización avanzada, uso de software y hardware obsoletos, así como la escasez de profesionales especializados para operar y defender estos entornos.
Las amenazas no son solo humanas: catástrofes naturales, cambios climáticos extremos, fallos de equipo por envejecimiento, errores humanos y problemas de suministro logístico (por ejemplo, falta de piezas de repuesto para sistemas muy antiguos) también juegan un papel relevante.
Cuando además existe dependencia cruzada entre infraestructuras (por ejemplo, una red de agua totalmente dependiente de la electricidad y de enlaces de comunicaciones), cualquier incidente puede propagarse y complicarse rápidamente si no existe una planificación de continuidad y resiliencia muy madura.
El problema de la obsolescencia tecnológica en infraestructuras críticas
Una de las grandes debilidades de muchas infraestructuras críticas de redes es que siguen operando con tecnologías, sistemas y componentes diseñados hace décadas, que nunca se pensaron para estar conectados a Internet ni para sobrevivir al panorama actual de amenazas.
La prolongación artificial de la vida útil de equipos industriales, PLC, sistemas SCADA, redes de comunicaciones antiguas o software sin soporte se percibe muchas veces como una forma de ahorrar costes a corto plazo, pero incrementa el riesgo estructural: no hay parches, se agotan los repuestos, se pierden conocimientos técnicos y la compatibilidad con tecnologías modernas se hace cada vez más complicada.
Organismos como el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea o ENISA han señalado repetidamente la obsolescencia y los sistemas sin parchear como factores críticos de riesgo de aquí a 2030, especialmente cuando se combinan con ecosistemas muy heterogéneos y una fuerte dependencia de proveedores concretos.
A esto se suma la llamada “deuda técnica”: integraciones improvisadas, parches sobre parches y arquitecturas que han ido creciendo sin un diseño global, lo que genera sistemas difíciles de mantener, testar o securizar adecuadamente sin grandes inversiones.
El resultado es un círculo vicioso en el que se pospone la renovación mientras crece la exposición a fallos operativos y ciberataques, algo especialmente delicado en energía, agua, transporte, salud y telecomunicaciones, donde cualquier caída repercute de forma inmediata en millones de personas.
Cómo abordan gobiernos y organismos la protección de estas redes
Ante este panorama, los Estados han desarrollado marcos de gobernanza que combinan legislación específica, planes nacionales, centros de coordinación y exigencias de seguridad para operadores críticos, tanto públicos como privados.
En España, la Ley 8/2011 y el Real Decreto 704/2011 dan forma al Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas (sistema PIC), del que forman parte la Secretaría de Estado de Seguridad, el CNPIC, distintos ministerios, comunidades autónomas, fuerzas y cuerpos de seguridad y los propios operadores críticos.
La pieza central es el Plan Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (PNPIC), un documento clasificado que marca la estrategia general, complementado por planes estratégicos sectoriales y, a nivel de cada operador, por el Plan de Seguridad del Operador (PSO) y los Planes de Protección Específicos (PPE) para instalaciones concretas.
El CNPIC custodia además el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas, base de datos que recoge para cada infraestructura la descripción, ubicación, titularidad, servicios que presta, contactos y nivel de seguridad requerido en función de los riesgos analizados.
A nivel europeo, se han dado pasos clave con la Directiva de Resiliencia de Entidades Críticas (CER) y la Directiva NIS2, que amplían sectores cubiertos, suben el listón de la gestión de riesgos, refuerzan obligaciones de notificación de incidentes y exigen que los Estados hagan evaluaciones de riesgos periódicas y estrategias nacionales específicas.
Marco normativo y obligaciones de ciberseguridad
Más allá de la parte física, la dimensión de ciberseguridad se ha reforzado notablemente. La Directiva NIS2, la directiva CER y, en España, el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) actualizado por el RD 311/2022, marcan el nivel mínimo de protecciones técnicas y organizativas para entidades esenciales y operadores de servicios importantes.
Las infraestructuras críticas están obligadas a garantizar la disponibilidad y continuidad de sus servicios, gestionar incidentes de seguridad, notificar a los CSIRT competentes, colaborar con las autoridades, permitir auditorías y subsanar deficiencias identificadas.
Asimismo, deben contar con una organización interna clara para la seguridad, designar un responsable de Seguridad y Enlace y, cuando proceda, delegados de seguridad en infraestructuras concretas, además de mantener actualizados sus planes de protección y ciberseguridad.
Otros marcos relevantes completan este ecosistema: estándares como NIST CSF e informes como el NIST IR 8401 para el segmento terrestre satelital, normativas sectoriales como NERC CIP en el ámbito eléctrico, directrices de la TSA en transporte o marcos de referencia de agencias nacionales de ciberseguridad.
Este entramado legal y técnico busca homogeneizar un mínimo de seguridad, pero deja margen a cada operador para adaptar las medidas a su contexto, siempre que se cumplan los requisitos de gestión de riesgos, respuesta a incidentes y resiliencia operativa establecidos.
Documentación y planificación que debe tener un operador crítico
Para materializar esas obligaciones, cualquier entidad que gestione infraestructura crítica de redes necesita una batería de documentos y planes formales, revisados y aprobados por la alta dirección, que sirvan de referencia para auditores y reguladores.
En primer lugar, es imprescindible una política de seguridad de la información y ciberseguridad, donde la organización deje por escrito su compromiso, objetivos, alcance, roles y responsabilidades en la materia.
Sobre esa base, se construyen evaluaciones de riesgos periódicas que identifican amenazas, vulnerabilidades, impactos y niveles de riesgo aceptables, así como las medidas de mitigación y controles que deben aplicarse.
En paralelo, se despliegan planes específicos: Plan de Continuidad de Negocio (BCP) y estrategia de almacenamiento y Plan de Recuperación ante Desastres (DRP), políticas de control de acceso e identidades, normas de clasificación y protección de datos, procedimientos de gestión de incidentes y de notificación, y planes de monitorización y detección de amenazas.
Completan el conjunto un plan de formación y concienciación para todo el personal (incluyendo contratistas), un plan de auditoría interna y externa y, en el caso de España, los PSO y PPE alineados con las guías de buenas prácticas emitidas por el CNPIC.
Retos técnicos: visibilidad, segmentación y protección OT
En el plano técnico, proteger infraestructuras críticas de redes supone superar desafíos muy concretos: ganar visibilidad granular del tráfico en entornos OT, distinguir qué es comportamiento legítimo y qué es anómalo, y hacerlo sin afectar a la disponibilidad de procesos industriales que, en muchos casos, no admiten interrupciones.
Una de las piezas clave es la segmentación de redes entre TI (IT) y TO (OT), así como dentro de los propios entornos industriales, aplicando principios de mínimo privilegio y controles de acceso estrictos que reduzcan la superficie de ataque y impidan movimientos laterales de un intruso.
Además, hay que proteger sistemas comerciales COTS sin posibilidad de parchear (porque el fabricante ya no da soporte o porque aplicar el parche implica una parada crítica), lo que obliga a usar controles compensatorios como segmentación, listas blancas de aplicaciones, firewalls específicos para ICS o monitorización de integridad.
Los dispositivos IoT y OT no gestionados, así como los accesos remotos de mantenimiento, son otro quebradero de cabeza: deben inventariarse, integrar en el control de acceso privilegiado (PAM), reforzar la autenticación y supervisar sus acciones para reducir el riesgo de abuso.
Por encima de todo, los operadores necesitan consolidar la gestión de la seguridad: evitar islas de soluciones y apostar por plataformas que unifiquen la protección de red, endpoints, entornos cloud y OT, reduciendo la complejidad operativa y mejorando la capacidad de respuesta.
Satélites y segmento terrestre: el papel del NIST IR 8401
En el ámbito espacial, el NIST ha publicado el informe NIST IR 8401, que adapta el Marco de Seguridad Cibernética al sector satelital y, en particular, al segmento terrestre de las misiones espaciales.
Este perfil proporciona una clasificación de sistemas, procesos y componentes de mando, control y carga útil, ayudando a determinar la postura de riesgo de ciberseguridad y a definir un estado de seguridad deseado para centros de control y estaciones de seguimiento.
La guía se centra en dos componentes clave: el Mission Operations Center (MOC), encargado de enviar comandos y recibir telemetría del vehículo espacial, y el Payload Control Center (PCC), que gestiona comandos y datos de la carga útil, a menudo operada por terceros.
Siguiendo las funciones del marco NIST (Identificar, Proteger, Detectar, Responder y Recuperar), las organizaciones pueden identificar activos y procesos críticos, proteger comunicaciones y sistemas de mando, detectar incidentes, responder de forma coordinada y restaurar rápidamente las capacidades tras un ataque o fallo.
En un contexto donde el espacio se ha convertido también en infraestructura crítica para comunicaciones, navegación y defensa, estas directrices son esenciales para evitar que un incidente en el segmento terrestre se traduzca en la pérdida de control de satélites o en interrupciones de servicios clave en tierra.
Gobernanza, cooperación público-privada y experiencia internacional
La protección de infraestructuras críticas de redes no puede abordarse solo desde el lado técnico: requiere una gobernanza sólida y una cooperación real entre sector público y privado, especialmente donde la mayoría de activos está en manos de empresas.
Los gobiernos suelen impulsar grupos de trabajo y foros de coordinación con operadores, reguladores y fuerzas de seguridad para preparar grandes eventos o gestionar situaciones de riesgo elevado, como se ha visto en Brasil con la organización del G20, el BRICS o la COP30.
En estos casos, la clave está en alinear requisitos de seguridad institucional con las capacidades técnicas de las operadoras, anticipar riesgos en zonas sensibles, definir protocolos de emergencia, agilizar canales de comunicación y credenciar equipos técnicos para intervenir rápido allí donde haga falta.
Ciudades complejas, con desigualdades territoriales marcadas y presencia de crimen organizado en áreas estratégicas, evidencian lo difícil que es garantizar conectividad segura y resiliente sin una coordinación interinstitucional muy fina.
Estas experiencias están ayudando a consolidar modelos de gobernanza colaborativa que no se limitan a eventos puntuales, sino que buscan convertirse en esquemas permanentes de gestión de riesgo y resiliencia frente a amenazas estructurales y emergentes.
La infraestructura crítica de redes se ha convertido en el esqueleto oculto que sostiene la vida moderna: desde la electricidad que enciende nuestros hogares hasta los satélites que sincronizan nuestras comunicaciones. Mantenerla segura y operativa exige combinar marcos regulatorios exigentes, una modernización planificada de sistemas envejecidos, cooperación constante entre actores públicos y privados y una cultura de ciberseguridad muy viva dentro de cada organización, porque cualquier eslabón débil en esta cadena puede desencadenar consecuencias de gran alcance.
